Eduardo García Máynez

 

Eduardo García Máynez (1908-1993)

 

Luz María Zarza Delgado

Filósofo mexicano, nace en la Ciudad de México. Estudió derecho en la Escuela de Jurisprudencia y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1932 y 1933 cursó materias jurídicas en las universidades de Berlín y Viena. Fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1939; doctor en derecho y director de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de 1953. Sus investigaciones versaron sobre el problema de la ética y la filosofía del derecho, con una notable influencia de la tradición germánica. Su actividad se desarrolla principalmente en México, con repercusión en toda América Latina, principalmente. Autor de Libertad como derecho y poder (1940), Introducción a la lógica jurídica (1951), Los principios de la ontología formal en el derecho (1953) y otros.

Eduardo García Máynez es uno de los autores más importantes en cuanto a filosofía del derecho se refiere. En el análisis de su obra encontré textos bien estructurados, fundamentados e incluso me atrevería a decir que despiden cierta elegancia. Trabajó de manera importante el tema de la validez del derecho desde dos acepciones: la jurídico-técnica y la metajurídica-filosófica. Sin embargo, a pesar de que estructuró de manera clara la técnica jurídica, sobre todo en lo concerniente a la aplicación del derecho, fue idealista y no positivista, ya que afirmaba que la teoría del derecho positivo puede partir de la admisión de esa norma hipotética fundamental, pero una filosofía del derecho debe ir aún más lejos y descubrir el principio metajurídico en que se apoya o descansa la validez de las leyes. La positividad decía, no debe ser considerada como valor absoluto ni como fin en sí, sólo puede justificarse si se halla al servicio de finalidades valiosas [García Máynez, 1959: 52].

Se refleja la postura anterior también, cuando trató el tema de la ley y las resoluciones judiciales, ya que decía que todo precepto jurídico tiene un sentido o, lo que es igual, expresa una norma; pero cuando la fórmula de la ley es oscura o equívoca, el sentido resulta en realidad una incógnita que es necesario despejar. Al señalar que los jueces no son infalibles, difiere incluso de la postura de Kelsen, ya que ante la posibilidad de diferentes interpretaciones en las sentencias, este autor daría el mismo valor a todas; sin embargo, García Máynez sostuvo que cuando se trata de fijar el sentido de una disposición legal, “no es lícito admitir que tiene varios correctos; los sentidos pueden ser múltiples, pero sólo uno de ellos corresponderá a la regla expresada” [García Máynez, 1984: 365], para él la interpretación no consistía en encontrar, bajo la fórmula legal, un gran número de significaciones, sino en descubrir la norma que ha de aplicarse al caso.

Reforzando lo anterior, este autor reforzó su idea de la seguridad jurídica con la equidad, ya que escribió que si bien los jueces deben resolver una controversia, aplicando con la mayor fidelidad posible los preceptos de la ley escrita, en los casos en los que no hay ley aplicable o se han agotado los recursos que brinda la interpretación, la justicia exige y el derecho positivo permite, que el juzgador se inspire en criterios de equidad, sin que esto implique una disminución de seguridad jurídica; al contrario, la aplicación del criterio de equidad permite conciliar las exigencias de la justicia con las de la seguridad jurídica y gracias a ello se logra la coherencia y la unidad armónica de cada sistema [García Máynez, 1984: 378]. Esto se relaciona con la individualización del derecho que abordaremos más adelante y siempre dentro de un sistema valorativo.

Con base en lo anterior, concluyó que los deberes jurídicos son por consiguiente obligaciones indirectas éticas, el cumplimiento de una norma jurídica tiene significación moral en el móvil de la acción; por lo tanto, el problema de la validez del Derecho sólo puede ser resuelto en función de la teoría de los valores. Como se puede observar, rompió con la distinción absoluta entre moral y derecho y vinculó elementos de interioridad y exterioridad en ambos, cuando la mayoría de los autores habían utilizado estas características para diferenciarlos.

La misma postura crítica y práctica se observa cuando descarta todas las teorías elaboradas para distinguir el derecho privado y el derecho público, ya que él concluyó que en todas ellas se hacía depender de la voluntad estatal la determinación del carácter de cada norma, por lo que hacer una distinción entre ellas con este carácter carecía de toda importancia práctica [García Máynez, 1984: 135].

Concibió a la libertad sólo en un mundo ordenado, pero se avocó a estudiar la libertad jurídica definiéndola en sentido positivo como la facultad que toda persona tiene para optar entre el ejercicio y no ejercicio de sus derechos subjetivos, cuando el contenido de los mismos no se agota en la posibilidad normativa de cumplir con un deber propio [García Máynez, 1990: 269]. Con base en esta definición, infirió que la libertad no es un derecho autónomo, sino dependiente o fundado. Más que una especie al lado de otras, dentro de la clasificación general de los subjetivos, es una forma categorial de manifestación de todos los que no se fundan en un deber jurídico. De esta forma, para él, la libertad, en sentido jurídico, es una facultas optandi, ya que consiste en el derecho concedido al titular de la facultad independiente, de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de ésta.

Señaló que la ardua tarea del filósofo en general y de la filosofía del derecho, en particular, consiste en desenmascarar prejuicios y disipar errores; entre ellas, las incompatibilidades que pudieran existir entre las reglas jurídicas y los imperativos de la ética porque cuando el individuo encuentra que el derecho legislado se halla en armonía con ese criterio metajurídico de lo justo, afirma la validez de tal derecho y, en caso contrario lo niega [García Máynez, 1959: 80].

Denunció que influidos por la ideología positivista y deslumbrados por los progresos de la ciencia natural, se pensó que la Filosofía del Derecho podía ser reemplazada por una disciplina de tipo científico, lo cual era imposible, ya que la postura del filósofo del Derecho ante el orden jurídico es radicalmente diversa. El orden jurídico no es para él un código de mandamientos absolutos, sino un fenómeno cultural cuya justificación sólo puede establecerse de acuerdo con criterios ultrapositivos de valoración.

Ante esta ardua tarea del filósofo se mostró optimista porque reconoció que el encanto de filosofar radica precisamente en las dificultades que encuentra, pero cada acción nueva es una respuesta que darnos a la vida. Los hombres mejores fueron siempre los filósofos más hondos, escribió [García Máynez, 1959: 180].

Relacionó a la Filosofía con el temperamento, incluso la definió como la intelectualización de un temperamento, lo cual mostraba su tendencia al idealismo y textualmente se manifestó en contra del racionalismo ya que dijo “oculta ineludiblemente tras de sí una voluntad o un propósito” [García Máynez, 1959: 67]. Tenía fe en la invulnerabilidad del ideal, señalando de manera textual: “... y en vez de hundirnos en el triste escepticismo de esos espíritus que esperan todo de la razón, nos llena de aliento y entusiasmo y, al descubrirnos el ideal inconmovible, define el sentido de la vida y señala el faro que ha de guiar nuestros pasos por el mundo” [García Máynez, 1959: 73].

Fue humanista porque consideró al ser humano como el puente tendido entre el reino de los valores y el mundo de las realidades. La actividad finalista, dijo, permite al homo sapiens convertirse en señor del universo y orientar el curso de los sucesos. El hombre es el administrador de los valores y el deber ser en el mundo. Llegó a definir al sistema metafísico como la cristalización conceptual de un alma humana; un hombre con sus virtudes y sus vicios, sus desilusiones y sus esperanzas, sus triunfos y derrotas.

Con base en lo anterior, se inclinó siempre por una función individualizadora del Derecho; es decir, que en su aplicación se exige la individualización de los elementos de cada relación concreta, lo que implica el estudio de una serie de peculiaridades o características que no son los que el autor de la norma tuvo en cuenta al delimitar los ámbitos formal y material de aplicación del precepto, se tiene que atender a la naturaleza del caso singular y resolverlo equitativamente, afirmaba [García Máynez, 1999: 93].

Con respecto al bien común, dijo que no significa el aniquilamiento del individuo frente al poder público. El estado, en todo caso, debe respetar la dignidad moral del individuo y nunca puede ver en éste un simple medio. En este sentido, el derecho debe orientarse principalmente hacia el logro de los valores colectivos, mientras la moral se preocupa del perfeccionamiento individual, pero ambos, derecho y moral, cumplen su función, realizando al mismo tiempo una obra común [García Máynez, 1959: 82].

Se manifestó contra la dictadura y el despotismo porque consideraba que el primer requisito para el establecimiento y para la consolidación de un orden cualquiera es precisamente su justicia. Orden y justicia no se excluyen, el orden es la consecuencia de la justicia y sin justicia no hay orden. La paz aparente, fundada en el temor y el orden impuestos por la fuerza, tendrá una vida muy efímera, sostuvo. Sin embargo, afirmó que el derecho de los pueblos a la revolución y la facultad de resistencia del súbdito frente a las leyes arbitrarias no puede ser reconocido por la ciencia del derecho. Las justificó en ciertos casos, como exigencias de la ética, pero no deben ser reconocidos como facultades legales insistió, porque no tendrían ningún sentido jurídicamente hablando, pero la filosofía jurídica puede reconocerlos; no como facultades del legislador, sino como prerrogativas que encuentran su fundamento en las exigencias de la justicia.

Sin embargo, al tratar el tema de los derechos fundamentales y, en general, el del ensanchamiento de la esfera de la libertad jurídica, señaló que sólo podía lograrse desde el punto de vista de la teoría de los dos órdenes, cuando son reconocidos por el positivo o lo que necesariamente implica, de no existir tal reconocimiento, la necesidad de reformar, de modo pacífico o por la vía revolucionaria, las prescripciones en vigor. “Las luchas, muchas de ellas sangrientas, que a lo largo de la historia se han librado en nombre de los ideales libertarios, son el reflejo de una discrepancia entre la concepción filosófica de nuestros derechos y prerrogativas y las normas de cada ordenamiento concreto” [García Máynez, 1984: 225], lamenta que las facultades que las normas conceden a las personas “jamás” coinciden, de manera cabal, con el de los derechos que deberían reconocérseles, desde el punto de vista estimativo. Incluso representa lo anterior con dos círculos excéntricos,1 de diferentes dimensiones, cuya zona de coincidencia crece o decrece en el curso del tiempo. Asimismo, llegó a afirmar que la discrepancia entre el derecho ideal y el legislado se explica, en la mayoría de los casos, en función de la estrechez o limitación de la conciencia valorativa.

Vinculó, con base en lo anterior, la libertad con el reconocimiento de los derechos; de esta forma, cada vez que los hombres o los pueblos obtienen el reconocimiento de un nuevo derecho, concomitantemente aumenta su libertad; cada vez que sus facultades legales son restringidas, su libertad disminuye. Y es que para él ser libre (en sentido jurídico), no es otra cosa que tener derechos no fundados en nuestros propios deberes [García Máynez, 1984: 226].

Al analizar las teorías de Jellinek y Kelsen sobre los derechos políticos, primero señaló que la diferencia entre estas teorías radicaba en que el primero consideraba el derecho político como pretensión de ser admitido para el desempeño de las funciones orgánicas, y el segundo como el desempeño de tales funciones, cuando éstas tienden, directa o indirectamente, a la creación de normas jurídicas abstractas.2 Una vez que desglosó ambas tesis y utilizó para su crítica expresiones como “injustificada”, “totalmente inaplicable”, “insuficiencia de la teoría” etc., para él los derechos políticos presentan cuando son ejercitados, un doble aspecto: son derechos políticos en ejercicio y constituyen, al propio tiempo, una función del Estado [García Máynez, 1984: 257].

Sostuvo el perspectivismo del Derecho, como una postura puramente descriptiva, caracterizando tres actitudes típicas que a lo largo del tiempo han sido adoptadas por los autores, en su afán de saber qué es el derecho: la del jurista dogmático, la del sociólogo y la del filósofo jurista. Para el primero, sólo son jurídicas las reglas de comportamiento que el Estado crea y reconoce; el segundo piensa que no hay más derecho que el realmente vivido y el último niega la posibilidad de un derecho injusto. Es la validez formal, en otro la positividad y en el tercero el valor objetivo de las diversas normas. Estos caracteres no se excluyen, pero tampoco se implican recíprocamente. Tres actitudes típicas en torno a lo jurídico: derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo [García Máynez, 1959: 90]. García Máynez concibió al Estado como una forma de organización de índole jurídica, cuyas normas fundamentales reciben el nombre de constitución [García Máynez, 1984: 107].

En cuanto a la persona, la ubicó como ente moral y como persona jurídica. Como ente moral, el hombre obra en relación consigo mismo, pero como persona jurídica su conducta se traduce en facultades y deberes, siempre con relación a la actividad de los demás. Reconoció que hay casos en los que el individuo puede ser incapaz de ser sujeto de obligaciones, pero siempre va a tener derechos y aunque no los pueda ejercer, los posee y no pierde por ello su carácter de persona, porque puede ejercerlos a través de sus representantes, lo cual no sucede en la esfera ética, en donde sólo tiene sentido hablar de deberes en relación con seres responsables [García Máynez, 1984: 278].

Consideró el autor en referencia, que la guerra puede ser jurídicamente considerada como sanción típica del ius gentium y que la carencia de un poder judicial y de órganos ejecutivos no le quita al derecho de gentes su carácter legal [García Máynez, 1984: 146].

Me llamó la atención que escribió varios ensayos jurídicos en forma de diálogo. En uno de ellos, sobre las fuentes del Derecho, se habla de la Sociedad de Amigos de la Filosofía del Derecho y están Luis, Marcelo, Rodolfo, Antonio, Octavio y por supuesto Eduardo, quienes de manera amistosa y profunda se reunían periódicamente para tratar diferentes temas filosóficos. No sé si realmente existió este peculiar club, pero qué interesante sería que pudiéramos rescatar la propuesta de García Máynez y hacer este ejercicio entre amigos o con alumnos en memoria de él.

Estuvo empeñado este importante filósofo mexicano en proponer una axiología jurídica objetiva que tuviera por fundamento la idea de la libertad humana. Aplicó las propuestas de la moderna axiomática, estudió la posibilidad de elaborar una lógica del deber jurídico, ideas que influyeron de manera notable en América Latina y que hasta la fecha los alumnos de diversas licenciaturas universitarias revisan constantemente. En su axiomática trabajó la aplicación al ámbito jurídico de los principios lógicos de identidad, contradicción, tercio excluido y razón suficiente.

Sin lugar a dudas, la obra de Eduardo García Máynez debe tener un lugar importante en el pensamiento filosófico latinoamericano que sustenta y alimenta el que se va creando día a día.

 

Bibliografía

Directa

  • García Máynez, E. (1948). La definición del Derecho; ensayo de perspectivismo jurídico. Editorial Stylo. México.

  • ________. (1955). Lógica del juicio jurídico. Fondo de Cultura Económica. México.

  • ________. (1959). Ensayos filosófico-jurídicos 1934/1959. Tomo 3. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana. Xalapa.

  • ________. (1959). Lógica del concepto jurídico. Fondo de Cultura Económica. México.

  • ________. (1969). El problema de la objetividad de los valores. El Colegio Nacional. México.

  • ________. (1973). Doctrina aristotélica de la justicia. Porrúa. México.

  • ________. (1978). Algunos aspectos de la doctrina kelsiana. Porrúa. México.

  • ________. (1984). Introducción al estudio del Derecho. Porrúa. México.

  • ________. (1984). El político de Platón. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México.

  • ________. (1989). Filosofía del Derecho. Porrúa. México.

  • ________. (1990). Ética. Ética empírica. Ética de bienes. Ética formal. Ética valorativa. Porrúa. México.

  • ________.(1999) Lógica del raciocinio jurídico. Fontamara. México.

Indirecta

  • Aguayo Cruz, E. I. (1996). “El concepto de la libertad jurídica en la iusfilosofía de Eduardo García Máynez”, en Analogía. Año X, N° 2. México.

  • Vargas Lozano, G. (1997). “Esbozo histórico de la filosofía mexicana del siglo XX”, en Mario Teodoro Ramírez (coordinador). Filosofía de la cultura en México. Plaza y Valdés/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México.


Notas

1 García Máynez era afecto a representar con círculos sus teorías o incluso con lenguaje matemático.

2 García Máynez desarrollaba cada tema sintetizando primero las teorías que existían al respecto;  posteriormente las analizaba y criticaba para finalmente, concluir con su postura personal. 

Luz María Zarza Delgado
Instituto Electoral del Estado de México
Actualizado, octubre 2006

 

© 2003 Coordinador General para México, Alberto Saladino García. El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana. Versión digital, iniciada en junio de 2004, a cargo de José Luis Gómez-Martínez.
Nota: Esta versión digital se provee únicamente con fines educativos. Cualquier reproducción destinada a otros fines, deberá obtener los permisos que en cada caso correspondan.

 

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