Arturo Andrés Roig
 
 
Ética del poder y moralidad de la protesta:
La moral latinoamericana de la emergencia*

 

"¿ESTADO DE DERECHO O ESTADO DE IMPUNIDAD?"

Se cumple un nuevo aniversario del doloroso atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, sin que hasta la fecha la justicia haya dado con los criminales a fin de ejercer sobre ellos el justo castigo que todos esperamos y exigimos. La ineficacia de los procedimientos, tanto policiales como judiciales, despiertan en la ciudadanía una honda preocupación, una no menos fuerte decepción, así como una sospecha —inevitable— de desidia culposa. Y todo esto se da dentro de un marco social e institucional en el que la majestad del Estado de derecho pareciera haberse borrado, reemplazado por un Estado de impunidad.

A propósito de esto último quisiéramos decir unas palabras que nos llevarán inevitablemente a regresar a hechos y situaciones sociales, políticos y jurídicos que siguen pesando sobre nosotros, como negra herencia de un pasado inmediato de horror, que ha venido a ponerse de manifiesto nuevamente con el caso de la AMIA. ¿Cuáles son los orígenes inmediatos de ese Estado de impunidad que padecemos? El último militar que ocupó de facto la presidencia de la República, sacó, poco antes de entregar el poder a la democracia, un pretendido decreto-ley que establecía la inimputabilidad de los crímenes cometidos. A pesar de que esa ley fue derogada por una de las primeras disposiciones emanadas del gobierno constitucional, el proceso de instalación del Estado de impunidad que padecemos no se detuvo en ese momento. La conducta de nuestros políticos se desarrolló sobre la base de una profunda contradicción que se movió, entre la denuncia, la investigación del crimen y su castigo y, por otro lado, invocando un pretendido pragmatismo, la suspensión de la justicia. Contradicción agudizada hasta el absurdo debido a la constante invocación a la moral que caracterizó a los discursos presidenciales.
 

A ese pragmatismo que debilitó la majestad de la justicia, queremos referirnos en este momento, porque entendemos y, además, a nuestro juicio ha quedado probado, que ha sido ineficaz, infundado e inmoral y que es una de las causas del Estado de impunidad; que como una atmósfera inquietante envuelve nuestra vida ciudadana.

La pregunta que debemos hacernos es si aquella quiebra irremediable de la justicia ocasionada por el sistema de represión; y de crímenes puesto en marcha como terrorismo de Estado, fue salvada con las llamadas leyes del "punto final", de "obediencia debida" y, posteriormente, con el indulto otorgado a los militares condenados por los tribunales de justicia. A nuestro juicio y esto para nosotros de modo evidente, aquella quiebra no fue salvada. Esos hechos jurídicos fundados en motivos pragmáticos que invocaban una futura convivencia pacífica, fueron hechos intrínsecamente antijurídicos, aun cuando fueran legales y una prolongación de la impunidad que pasó a quedar integrada en el sistema judicial argentino.

Los hechos posteriores lo han confirmado y la presunción de la inmoralidad de las medidas señaladas apoyada en el simple razonamiento de que eran malas a más de inoportunas porque afectaban el todo del sistema de justicia, ya no puede ser puesta en tela de juicio. Se trataba, en efecto, de disposiciones que no podían ser defendidas con el pretexto del desconocimiento de sus efectos, por lo mismo que los efectos estaban ya a la vista como consecuencia del riesgo de inmediata lesión de la justicia que supone la suspensión de un acto de justicia.

Y así, pues, si las normas legales aplicadas durante el difícil ingreso a la democracia fueron de carácter pragmático y para algunos, por eso, debía suspenderse todo juicio de valor sobre ellas, ya que era impredecible la bondad o maldad de la medida, los resultados históricos, los que estamos viviendo, en una situación generalizada de impunidad, prueban que no fueron acertadas y confirman, a posteriori, la inmoralidad que en su momento fue denunciada. La lesión de los derechos humanos, cometidos no de forma directa y expresa, sino indirecta, al dejar los principios mismos de la justicia debilitados, muestra que se ha faltado a un deber moral respecto de los mismos, y en tal sentido, se ha cometido un acto inmoral. Nada de extraño tiene, pues, que se haya generalizado la conciencia perversa de que ciertos crímenes y, sobre todo, cuando se trata de grandes crímenes no ya meramente individuales, exceden los marcos de la justicia.

También los hechos posteriores han dejado sin fuerza uno de los hechos o situaciones que se consideraron fundamentales para eximir de la comisión de delitos y, por tanto, de responsabilidad legal y hasta moral por causa de "obediencia debida", nos referimos al llamado "error invencible". En primer lugar porque ese "error" respecto de la legitimidad de las órdenes que se recibieron, se debió establecer no como principio general, sino a propósito de casos concretos debidamemte juzgados y analizados; y, en segundo lugar, porque ha quedado probado que los delitos cometidos, incluidos por cierto los atroces y aberrantes, lo fueron con conciencia y que, por tanto son plenamente imputables. El sonado caso Scilingo, que arteramente se lo ha tratado de disminuir en su importancia, es prueba irrefutable. ¿Era por "error invencible" que en los vuelos de la muerte debían ir en forma rotativa, oficiales y algunos de graduación, para darle a esa operación macabra un sentido y respaldo institucional? ¿Y era también por "error invencible" que el médico del vuelo, inyectara a los destinados a morir, para insensibilizarlos y asimismo el sacerdote que integraba el equipo de vuelo exculpara a unos y a otros, los que habían de morir y los que habían de efectuar la muerte? Nada de eso se investigó, ni se castigó, pues, quedó bajo el manto de los efectos de una pretendida obediencia debida y sus justificaciones. Este principio no exculpó, pues, a autómatas, ni menos a alienados mentales, ni a seres poseídos por el terror que les despertaban sus superiores, sino entes conscientes con una clara carga de conciencia moral. No reconocer esto ha sido otro modo de faltar a los deberes que surgen de los derechos humanos y que permiten señalar la indudable inmoralidad de las leyes de impunidad. Y, volvemos a decirlo, el debilitamiento de esos deberes es, sin duda, uno de los factores que han convertido al Estado de derecho en Estado de impunidad.

No se ha de olvidar, además, que aquellas leyes fueron justificadas ideológicamente con la doctrina de los "dos demonios". Según ésta, tanto los represores como los reprimidos eran seres demoníacos y estos últimos, tal vez, en grado mayor en cuanto que habían despertado en los otros ese espíritu. Las fuerzas armadas que pusieron en movimiento el terrorismo de Estado, en verdad, según esta doctrina, no eran demoníacas, sino demonizadas. Para el autor de la doctrina de los "dos demonios", estos últimos, en particular se merecían, pues, una ley de olvido. No tenían culpa de haber sido impulsados a lo demoníaco. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que entender que las agresiones que se producen por obra de demonios, es declarar demonio al agredido, al asesinado, con lo cual se viene a justificar la represión y la violencia. Es declarar culpable a la víctima y no al victimario. Es otro modo de dar pábulo a aquella repudiable expresión "algo habrá hecho" para que lo torturen, lo maten o le vuelen la casa con explosivos. Este trasfondo negro de las leyes de impunidad sigue vivo, funcionó en los inicios de esta democracia agónica y se ha ido reproduciendo.

En fin, la afirmación de algunos de que con la vigencia del la democracia y después de los juicios a los jefes del poder represor que tuvieron una importante posición en la cadena de mandos, se logró una restitución plena del sistema de justicia como "un valor moral en sí mismo", es falsa. En todo caso, se dieron algunos pasos, es cierto que inéditos en la historia nacional, hacia esa restitución, pero como lo advirtieron los sectores más lúcidos de la sociedad civil —grupos de los que no se podría jamás hablar de una consciencia escéptica y aletargada en lo que respecta a normas morales y legales, las Madres de la Plaza de Mayo son un ejemplo de lo que decimos— no hubo una restitución plena, sino limitada y condicionada.

Dentro de ese rnarco de dolorosa impotencia y, a su vez, de libertad para los criminales, se produjo, hace ya tres años, el atroz atentado contra la AMIA. Las respuestas dadas hasta la fecha por el Estado, nos confirman en todo lo que hemos dicho respecto de la vigencia de un clima de indefensión jurídica.

Largo y difícil es, sin duda, el camino hacia una democracia y, sobre todo, hacia el Estado de derecho que es su razón misma de ser. Vivimos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que podríamos llamar la edad de oro de los derechos humanos, quizás porque jamás habían sido violados de modo más brutal y pavoroso. De todas maneras, tenemos plena conciencia de que de ahora en más, democracia y derechos humanos constituyen una sola palabra. Luchemos para que esa palabra se constituya y se profundice. Se trata de una tarea de la que aun no conocemos cuál habrá de ser la plenitud de su desarrollo. Porque tanto la democracia como los derechos humanos exigen una construcción permanente, un enriquecimiento y crecimiento constantes.

A los sectores críticos de la sociedad les compete esta dura tarea de enriquecimientos y de vigilancia. Unámonos a todos aquellos a los que el dolor les impulsa cada día a invocar los valores que no se pueden perder y los bienes morales y jurídicos que no deben ser conculcados.

Nuestro imperativo moral, ahora y siempre, en este caso que nos enluta, así como en otros, ha de ser el de "Justicia perseguirás". Y la justicia, no lo descuidemos, no se recuesta sobre el olvido, sino sobre la memoria, una "Memoria activa" como la que invocan en el día de hoy los familiares y amigos de las víctimas y nosotros unidos a ellos.
 

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*[Primera edición de Ética del poder y moralidad de la protesta. La moral latinoamericana de la emergencia, autorizada por Arturo Andrés Roig para el Proyecto Ensayo Hispánico. El libro está fechado en Mendoza (Argentina) en 1998. Edición preparada por José Luis Gómez-Martínez]
  

© José Luis Gómez-Martínez
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